La nacionalización bancaria realizada en 1948, justificó esa decisión porque “dentro de la organización moderna de la economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen vitalmente del crédito, cuya orientación es determinante del progreso o estancamiento del país”(…) “que el negocio de los bancos particulares no consiste exclusivamente en la colocación de sus propios recursos, sino que moviliza el ahorro nacional y las disponibilidades financieras del país, representados por los depósitos del público” (…). La apertura del monopolio de las cuentas corrientes, tras la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central, aprobada en 1995, fue parte de la transformación del modelo de desarrollo. No obstante, esta apertura que puso a disposición del sector privado una gran cantidad de recursos del ahorro nacional y, por ende, una gran capacidad para generar riqueza, no consideró un precio de entrada o apertura para acceder a este mercado; sino, que se dispuso que una parte de esa captación, debía ser canalizada hacia el otorgamiento de créditos empresariales en condiciones ventajosas para las mipymes, a fin de mejorar el acceso, capacidad de pago y de inversión, y formalización empresarial, generación de empleo y de valor, crecimiento económico y distribución de riqueza.
De esta forma, la función que cumple el Fondo de Crédito para el Desarrollo, es la de asegurar que parte del ahorro nacional sea utilizado para dinamizar el crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas a escala nacional.