Es la forma en que el legislador consideró la participación de la banca pública costarricense para establecer una cartera de crédito empresarial, con las mejores condiciones posibles de mercado para financiar las necesidades de financiamiento de las mipymes.
De esta forma, se procura orientar una oferta de crédito que justifica la creación de la banca pública, al apoyar con financiamiento el desarrollo empresarial y productivo de las mipymes, la creación de empleo y de valor, el crecimiento económico y la distribución de riqueza.